Funcionarios de la Policía de Investigaciones realizaron, a eso del mediodía de este lunes, un allanamiento a parte del edificio de la Gobernación Regional del Biobío, en la región homónima, en el contexto de las indagatorias por el denominado, Caso Convenios
Los policías civiles entraron al edificio de la división de Desarrollo Social y Humano del inmueble de calle Arturo Prat 501, en Concepción, capital regional, en orden de la Fiscalía Regional del Biobío, a cargo de las indagatorias.
La acción ocurrió a solo pocas horas de que se conociera la renuncia del administrador regional de la entidad, Rodrigo Martínez; el jefe de gabinete, Rodrigo Alarcón, y del jefe de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña. Los involucrados, de acuerdo con información de T13, sabían hace al menos tres meses de los montos traspasados a la Fundación Capital Social, encabezada por la excandidata a alcaldesa Camila Polizzi.
A eso de las 13:20 de la jornada, desde la PDI local no habían detallado la acción aún.
En la misma línea, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, aseguró en un comunicado que las renuncias se enmarcan en “una transformación profunda en el Gobierno Regional del Biobío con el fin de entregar mayor transparencia y celeridad en la resolución de los anhelos que tiene la región del Biobío”.
Respuesta de la Gobernación Regional del Biobío
En un comunicado de prensa, desde la entidad allanada aseguraron que la orden de “entregar antecedentes y material de investigación” fue recibida en horas de la mañana:
“De manera voluntaria, entregamos documentos y computadores para el mejor trabajo de órgano investigativo que esperamos permitirá esclarecer cualquier situación que pudiese ser irregular y determinar las responsabilidades. Como Gobierno Regional del Biobío, y tal como lo ha instruido el Gobernador Rodrigo Díaz Wörner, estamos y estaremos prestando absoluta colaboración en la entrega de toda la información necesaria para que se esclarezca cualquier situación que pudiera ser irregular”.
Hacia el final de la misiva, se destacaron 15 medidas “profundas que mejorarán la transparencia y la eficacia en la asignación de recursos”.
