Continúan sumando antecedentes del caso Democracia Viva, el que surgió a raíz de tres millonarios convenios firmados entre el Minvu y la fundación.
Hay que destacar que la Seremi de Vivienda de Antofagasta entregó $426 millones a la organización, liderada por la pareja de la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática.
Además, se dio a conocer que el exseremi Carlos Contreras -quien renunció tras conocerse el hecho- fue asesor de la parlamentaria durante su primer período en el Congreso.
Todo derivó en una investigación de la Fiscalía por los presuntos delitos de tráfico de influencia, malversación de caudales públicos y fraude al fisco.
Por otro lado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre la situación tributaria de Democracia Viva.
En esa línea, se estableció que la fundación recién amplió su giro a construcción de proyectos de servicios públicos el 21 de noviembre de 2022.
Siendo que, para esa fecha, ya se habían suscrito dos de los tres convenios con el Minvu.
Uno para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en el campamento Ecuachilepe ($200 millones) y otro para el mismo fin en el campamento Irarrázaval Etapa I ($170 millones).
En ambos documentos, firmados el 3 y 27 de octubre, se encomendaba a Democracia Viva la instalación de luminarias, contenedores de basura, extintores y otras mejoras a los espacios comunitarios.
Luego vino un tercer convenio, el cual fue suscrito el 29 de noviembre, cuando la fundación ya tenía el giro de construcción de proyectos de servicios públicos.
Ministro de Vivienda respaldó a subsecretaria tras el polémico escándalo
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, llamó a esperar la investigación de la Fiscalía para determinar la comisión de eventuales delitos.
“Dejen que funcionen las instituciones. Hay antecedentes que indican que hay delito, pero nosotros no somos quienes califican eso”, afirmó.
Además, aseguró que Democracia Viva tiene que devolver el dinero que aún no haya ejecutado, lo que ascendería a un total de $228 millones.
Por otra parte, respaldo a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, una de las primeras autoridades en recibir acusaciones por una incorrecta utilización de recursos en mayo pasado.
