La tarde del martes, la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio informó que se desvinculó al funcionario que fue formalizado el domingo pasado como presunto integrante de una asociación criminal que mediante estafas logró apropiarse de al menos 170 vehículos a lo largo del país, entre 2022 y 2024.
El imputado de iniciales P.I.D.F de 38 años, mantenía un puesto de jefatura en la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio, el cual estaba contratado hace varios años aun cuando la entidad tenía el nombre de Gobernación Provincial.
De este modo, el sujeto de 38 años se halla desde el domingo pasado en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Antofagasta, una situación similar en la que se encuentran otros 14 sanantoninos vinculados al hecho.
El aprehendido fue formalizado por la fiscalía de Antofagasta por los delitos de falsificación y uso de malicioso de instrumento público y privado, extorsión y asociación ilícita
Antecedentes del caso.
En total hay 28 detenidos acusados de ser miembros de una asociación delictual que operaba a nivel nacional para falsificar documentos y así apropiarse de vehículos de alta gama. El miércoles pasado se llevó a cabo la redada en cuatro regiones del país para arrestar a los implicados en la red que logró hacerse de al menos 170 automóviles.
Aquel día, en San Antonio y Santo Domingo, la Policía de Investigaciones detuvo a 15 personas y el viernes a otros 3. Entre los involucrados se encuentran el funcionario de la Delegación Presidencial Provincial sanantonina, un carabinero de la prefectura local y dos líderes de la organización.
En la audiencia de formalización realizada en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, la fiscal Andrea Díaz, expuso el modus operandi explicando que algunos integrantes de la banda buscaban vehículos en venta en redes sociales como “Marketplace” de Facebook, y otros miembros hacían denuncias por el supuesto robo de tales automóviles con testimonios falsos. “Cuando la denuncia ya estaba registrada, otros integrantes de la estructura llamaban a los teléfonos de seguridad municipal o policiales advirtiendo la presencia del vehículo denunciado, y cuando este era recuperado, otro grupo se presentaba en los cuarteles policiales para retirarlo con documentación falsa que la misma organización se proveía”, señaló la fiscal. El tribunal fijo un plazo de 120 días para que la investigación continue desarrollando las diligencias para identificar y detener a otros integrantes de la organización.
