Parlamentarios oficialistas presentaron la jornada de este miércoles un proyecto de ley que tipifica y sanciona el negacionismo de violaciones a los Derechos Humanos, incluso con penas de prisión de hasta 61 días.
Se trata de una iniciativa propuesta por diputados del Partido Comunista, como Carmen Hertz, Lorena Pizarro, Luis Cuello y María Candelaria Acevedo, además de los socialistas Emilia Nuyado y Jaime Naranjo, la diputada del Partido por la Democracia (PPD), Helia Molina, el humanista, Tomás Hirsch y la independiente de la bancada del Frente Amplio, Mercedes Bulnes.
Según el proyecto anunciado, se pretende tipificar la conducta respecto de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Con esto, el proyecto busca modificar el Libro Segundo del Código Penal, denominado “Crímenes y simples delitos y sus penas”, al título tercero “De los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución, un nuevo párrafo del siguiente tenor: “De la justificación, aprobación o negación de violaciones de derechos humanos”.
De acuerdo a este nuevo párrafo, se incorpora el tipo de Negacionismo en un nuevo artículo 161 D, que tipifica la conducta respecto de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes consignados en los informes de las cuatro comisiones estatales que registraron las violaciones a los DDHH en la dictadura, según indica.
Siendo estas últimas son la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.
Para ello, se propone un castigo con la pena de prisión en su grado medio a máximo, es decir, de 41 hasta 60 días, y una multa de 20 a 40 Unidades Tributarias Mensuales, entre 1 millón 200 mil pesos y 2 millones 500 mil pesos a la fecha actual. Además, se pide agravar la pena en el caso que el infractor sea un funcionario público en ejercicio.
Asimismo, el documento apunta a “contribuir a la obligación de prevención y garantías de no repetición que pesan sobre el Estado de Chile, preservar en la construcción de una memoria colectiva y honrar el pacto social del Nunca Más y frenar la impunidad”.
Finalmente, la idea busca “honrar el esfuerzo inclaudicable de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, impidiendo que se banalice su dolor y sacrificio”.
