La Fiscalía Regional del Biobío ha decidido abrir de oficio dos investigaciones por presuntas irregularidades en convenios entre el Estado y fundaciones en esta región.
La primera indagatoria se enfocará en determinar si existieron delitos en los traspasos de recursos desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) Biobío a la Fundación Urbanismo Social.
La repartición regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) traspasó, por trato directo, $148 millones a Urbanismo Social para que prestara asistencia a los damnificados de los incendios forestales. Esta organización ha sido objeto de cuestionamientos debido a que Daniela Dresdner, actual Delegada Presidencial, trabajó en ella antes de asumir su cargo.
La segunda investigación revisará el convenio entre el Gobierno Regional, liderado por el gobernador Rodrigo Díaz, y la ONG Red Cultivarte, dirigida por la cuñada del alcalde de Coronel, Boris Chamorro. Díaz firmó el traspaso, vía trato directo, de más de $274 millones a esta organización para un programa de adultos mayores.
Esclarecer la presunta existencia de delitos
Ambas causas estarán a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad del Biobío y serán dirigidas por la fiscal anticorrupción, María José Aguayo. La Fiscalía Regional del Biobío señaló que buscarán esclarecer la presunta existencia de delitos en los traspasos de recursos públicos hacia determinadas fundaciones.
Estas investigaciones se suman a una serie de indagaciones en curso en relación con presuntas irregularidades en convenios entre el Estado y diversas fundaciones en distintas regiones del país.
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