Tras una fiscalización desarrollada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) el cual evidenció una serie de infracciones en materia de normas de transparencia activa asociadas al acceso a información sobre convenios en el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y la Secretaría Regional Ministerial de la cartera en Ñuble, el consejo directivo ordenó instruir investigaciones sumarias en ambas instituciones del Estado.
De acuerdo al organismo, la ley indica que el incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa se podrá sancionar con una multa que va desde el 20% al 50% de las remuneraciones del infractor.
En el caso de estos entes públicos, el CPLT detectó problemas para acceder a documentos que por exigencia de la Ley de Transparencia deben estar disponibles vía web; en particular, actas y resoluciones con efectos sobre terceras personas, asociados a convenios suscritos por las mencionadas instituciones de 2022 como de 2023.
Desde el consejo informaron que el proceso fue impulsado a partir de denuncias realizadas ante dicho órgano, la cual “evidenció incumplimientos en el Serviu de Ñuble en cuanto a que enlaces de convenios no estaban operativos”. En tanto, en la Seremi de Vivienda de la misma región se requiere de usuario y contraseña para acceder a los documentos públicos.
Por su parte, el presidente del CPLT, Francisco Leturia, explicó que el sucedido en el Serviu y la Seremi “es gravísimo, de lo más grave en materia de transparencia. Se establecen barreras de acceso a la información que impiden a la gente obtenerla de manera oportuna. Vamos a iniciar una investigación sumaria y a buscar las responsabilidades que corresponden, porque esto tiene que investigarse a fondo. La ley está para cumplirse y es para todos igual”.
Asimismo, Leturia aseguró que, “Existen mecanismos en transparencia para tener acceso a información sobre convenios, hoy el foco de una polémica, y solo el control ciudadano, pueden permitir poner en alerta a los organismos y a las autoridades. Sabemos que hay que perfeccionar lo que ya existe, cuestión que podríamos hacer con la Ley de Transparencia 2.0 y mejoras en otras normas que ya existen”.
“Con la crisis actual, parece aún más urgente mejorar la información disponible. Ahorramos recursos, tiempo, levantamiento de antecedentes si se requiere establecer responsabilidades ante eventuales irregularidades. Habrá que ver qué pasó, si hay justificación o no para poner cortapisas en el acceso y si no la hay, habrá que seguir los pasos establecidos por la ley que incluyen sanciones. Acá lo que se requiere, es un gran compromiso del Estado por la transparencia y la voluntad política transversal para hacer los cambios que sabemos hay que hacer”, cerró el titular de Transparencia.
