En fallo unánime la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección presentado por la familia de Alejandro Correa y ordenó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo ejecutar su propia orden de demolición en relación a la toma instalada en los terrenos de quien fue víctima de un sicariato vinculado a la usurpación de los terrenos, en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso.
De esta manera, el fallo concluye que no ejecutar la orden de demolición de la propia Seremi Minvu es ilegal y arbitraria estableciendo que la omisión permanente de la Seremi ha vulnerado las garantías constitucionales de la familia.
Asimismo, se indica que la Seremi es la autoridad urbanística mandatada a resguardar el respeto a la Ley de Urbanismo y, por tanto, ordena a dicho servicio a ejecutar la orden de demolición que emanó en el 2021, por lo que debe notificar a los ocupantes de las construcciones ilegales en un plazo de 30 días y continuar con la ejecución del decreto.
Al respecto, Jeanette Bruna, abogada de la familia Correa, señaló que «sin duda es destacable que por primera vez una sentencia judicial reconozca que se han vulnerado las garantías constitucionales de la familia Correa por la omisión permanente de la Seremi Minvu de no hacer ejecutar su propia orden de demolición dictada el 2021 respecto de las construcciones ilegales que se emplazan en los lotes tomados de la familia Correa».
«Esperamos que la Seremi Minvu no apele y, en definitiva, que no se siga revictimizando a la familia y que se notifique -de una vez- por el diario a los ocupantes de las construcciones ilegales, toda vez que la familia como propietaria ya está notificada desde el 2021″, agregó Bruna.
La jurista sostuvo además que «vamos a seguir hasta que se ejecuten estas demoliciones y se restaure el estado de derecho porque en Chile deben las autoridades procurar que se respeten la Ley de Urbanismo y Construcción y no la Ley de la Selva».
"Estamos esperanzados"
Por su parte, Valentina Correa, hija de Alejandro y vocera de la familia, indicó que «como familia estamos esperanzados en que el Ministerio de Vivienda va a acoger este fallo y va a hacer cumplir su orden de demolición».
«Siempre hemos estado dispuestos a dialogar, a trabajar en conjunto con las distintas reparticiones del Estado para lograr una solución a un fenómeno que es complejo. (…) Luego de mucho insistir, de mucha perseverancia y de muchos ‘no’, el reconocimiento de la justicia de que están vulnerando nuestros derechos constitucionales nos da -como familia- una esperanza en el porvenir».
