El Ministerio de Energía confirmó que la Fiscalía Regional Metropolitana lleva adelante una investigación por un eventual tráfico de influencias al interior de la repartición.
La indagatoria se originó en el marco de la tramitación de la ley que congela las tarifas de cuentas de luz, momento en que una funcionaria sostuvo conversaciones directas con una abogada lobbista de una de las empresas involucradas.
A través de un comunicado, la cartera precisó que el 29 de septiembre pasado, “la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la Policía de Investigaciones envió un oficio al Ministerio de Energía, solicitando la entrega de información vinculada al exministro Claudio Huepe y a la exasesora de su gabinete Gabriela Manríquez».
“Con fecha 30 de septiembre de 2022, el Ministerio entregó la totalidad de los antecedentes solicitados y manifestó su completa colaboración con la investigación», recalcaron.
El texto añade que ese mismo día «se instruyó sumario administrativo a la funcionaria Gabriela Manríquez, la que, a esa fecha, desempeñaba funciones en la Subsecretaría de Energía, para establecer la eventual existencia de responsabilidad administrativa en lo referente a la obligación de desempeñar la función pública con estricto apego al principio de probidad».
El 21 de noviembre se resolvió el sobreseimiento del sumario y el 23 de noviembre la funcionaria presentó su renuncia, confirmaron.
Posteriormente, en febrero y abril de este año, la PDI requirió nuevos antecedentes sobre estos hechos, «los que fueron oportunamente entregados en su totalidad», recalcaron.
Parlamentarios pedirán explicaciones
Esta situación fue criticada por parlamentarios del Socialismo Democrático, quienes pedirán explicaciones al actual ministro de Energía, Diego Pardow.
El senador Juan Luis Castro (PS) planteó que «esto no lo sabíamos, tiene que estar en un contexto absolutamente claro y transparente para la ciudadanía y para el país, y por eso hoy día pediremos explicaciones formales al ministro Diego Pardow».
«No es aceptable ni entendible que a un año plazo recién nos estemos informando de posibles interferencias de generadoras eléctricas hacia el ministerio regulador en plena tramitación del proyecto de ley, justamente que hacía incumbente a todas las partes del sistema eléctrico para un proceso de estabilización», cuestionó.
