45 días tendrá la comisión para la transparencia para elaborar una batería de propuestas que revisen la relación del Estado con organizaciones sin fines de lucro. Será más o menos en fines de agosto o principios de septiembre donde se vean las primeras luces.
La conformación de la comisión se dio a conocer el lunes, como una reacción al llamado “Caso Convenios”, que nació del traspaso de $426 millones desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, con la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, como punto en común en un posible caso de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés. Así al menos lo planteó este martes la presidenta de la comisión, también directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada.
Jaraquemada trabajará junto a Valeria Lübbert, secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres); Ramiro Mendoza, abogado, excontralor y presidente del Colegio de Abogados; Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica; Jeannette von Wolfersdorff, integrante del Consejo Fiscal Autónomo y directora de la Fundación Chile; y Francisco Agüero, abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Chile.
Antecedentes
Chile Transparente investigó en 2012 la situación de las organizaciones sin fines de lucro, cuál era la regulación y de qué forma se podían elevar los estándares de transparencia. Hace 11 años se determinó que había algunas organizaciones para las que el financiamiento estatal era vital, lo que se acrecentaba desde que el país entró a la OCDE y empezó a ser considerado como de altos ingresos y en consecuencia, la cooperación internacional disminuyó:
“Ya se decía que se podía ver una tendencia de que efectivamente había mayor financiamiento a instituciones que podían tener más afinidades o cercanías con los Gobiernos de turno y por eso mismo se hacían distintos tipos de propuesta”.
En 11 años, Jaraquemada ve desesperanzada el escenario: “Creo que esa situación en estos días, a pesar de que hayan pasado 11 años, no haya mucho cambio. Finalmente, van a ser Contraloría y el Ministerio Público quienes determinarán qué tan extendida esta situación y cuántas irregularidades hay. Si es que esa información alcanza a avanzarse en 45 días, va a ser relevante para las consideraciones que podamos tener. Pero es difícil decirlo hoy, porque han aparecido casos de irregularidad, otros que no tanto. Es difícil saberlo a ciencia cierta. Pero de que hay ciertas estructuras o procedimientos que pueden ser perfectibles, porque hay discrecionalidad, posibilidad de transparencia directa de cuantiosos recursos, esas cosas, si uno lo mira durante décadas de la corrupción, puede fomentarla o permitir que sea más fácil”.
Así las cosas, el fin será “revisar la institucionalidad, los procedimientos, las normas y hacer recomendaciones para que esta relación entre Estado y organización sin fines de lucro sea más virtuosa, más transparente, se adecúe a los estándares actuales”, explicó, pues “varias” de esas normas y principios son de principios del 2.000.
Corrupción
Para Transparencia Internacional, la organización de la que es parte Chile Transparente, corrupción “es el abuso de poder para beneficio propio”. En base a esa definición, la presidenta de la comisión se aventuró:
“Creo que en este caso hay bastante probabilidad que haya habido corrupción. Lo más probable es que haya un conflicto de interés bastante patente y lo que se tiene que investigar es si además fue tráfico de influencias y una suerte de fraude al fisco. Con los antecedentes que tenemos aquí, podríamos decir que hubo corrupción y por lo tanto, es importante hacerse cargo de este caso y de la ocurrencia de estos en un futuro para que los poderes Ejecutivo y Legislativo generen los cambios para que no vuelvan a ocurrir”.
Así, la labor de la comisión no será “investigar” o “fiscalizar”, tampoco resolver un caso concreto. Tiene que ser más amplio. En ese sentido, el control interno y externo “siempre es importante y tiene que haberlos”, donde la ciudadanía y los medios de comunicación se hacen imprescindibles.
