Revelan que funcionaria de las Culturas utilizaba nombre falso para liderar una toma

Por medio de una investigación periodística este domingo denunció que una funcionaria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, contratada a honorarios desde el año 2020, ha ejercido paralelamente como dirigente vecinal y coordinadora de la toma «17 de mayo» de Cerro Navia utilizando una identidad falsa.

Según consignó un reportaje de Canal 13, dio cuenta que Claudia Soto Cabello, coordinadora del área de transformación digital de la Subsecretaría de las Culturas, durante los últimos tres años ha dictado charlas y firmado actas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) bajo el nombre de «Gloria Bascuñán».

Para el fiscal Ezio Braghetto, que investiga la ocupación ilegal de terrenos privados por parte de la toma «17 de mayo», la participación de Soto con otra identidad podría, incluso, tomar el carácter de delito.

«Con la información que he recibido, voy evidentemente a iniciar una investigación, entendiendo que, de acuerdo al relato o a los antecedentes que hay, podría configurarse alguna figura de orden penal y, en ese sentido, es obligación nuestra proceder a una investigación inmediatamente», expresó el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en el reportaje.

Repuesta del Ministerio de las Culturas

A través de un comunicado, el ministerio que encabeza Jaime de Aguirre dijo que «la profesional en cuestión presta servicios a honorarios desde el año 2020 a la fecha en esta Institución, a cargo del Área de Transformación Digital».

Junto con afirmar que «como entidad pública, nos tomamos muy en serio cualquier acusación que involucre a nuestros servidores públicos», la cartera anunció que han «conversado con la profesional y nos encontramos recabando todos los antecedentes disponibles para analizar de manera imparcial y objetiva la situación planteada, y determinar los cursos de acción pertinentes».

«La integridad y transparencia son valores fundamentales para nuestra institución, por eso todos nuestros funcionarios y funcionarias deben respetar la legalidad y mantener una conducta intachable», aseveró la declaración.

Asimismo, el ministerio afirmó que respetan «la libre expresión y las actividades privadas de nuestros trabajadores, siempre que no contravengan la normativa que nos rige como institución pública».

Por último, la cartera indicó que están «a disposición de las autoridades competentes para colaborar en cualquier investigación adicional que sea necesaria para esclarecer completamente esta situación».