La tarde de este lunes se confirmó la revocación de la prisión preventiva de Eduardo Macaya, empresario condenado a seis años de cárcel tras ser hallado culpable de abusos sexuales a dos menores de edad. Esta decisión ha generado una gran controversia y preocupación en la comunidad.
El abogado Hernán Fernández, uno de los querellantes del caso, informó durante una entrevista con Ciudadano ADN que el 22 de julio se conocería el resultado de la apelación presentada por la defensa de Eduardo Macaya. Fernández expresó su preocupación y descontento con la revocación de la medida preventiva, resaltando la gravedad de los delitos cometidos.
El 19 de julio, el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando condenó a Eduardo Macaya Zentilli a seis años de prisión por dos delitos de abuso sexual contra menores. Tras la sentencia, el tribunal ordenó su prisión preventiva ante el riesgo de fuga. Sin embargo, esta medida fue revocada este lunes, lo que ha suscitado diversas reacciones.
La decisión de revocar la prisión preventiva de Macaya ha sido recibida con críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y grupos de apoyo a víctimas de abuso sexual. Muchos argumentan que esta decisión pone en riesgo a las víctimas y podría sentar un precedente peligroso para futuros casos de abuso sexual.
Ante la revocación de la prisión preventiva, se espera que las autoridades tomen medidas adicionales para garantizar la seguridad de las víctimas y asegurar que Macaya cumpla con su condena. El abogado Fernández ha indicado que se están evaluando nuevas acciones legales para revertir esta decisión.
La noticia de la revocación ha generado una gran indignación en la comunidad. Especialmente entre aquellos que luchan por la justicia y la protección de los menores. Se espera que este caso siga siendo seguido de cerca por los medios de comunicación y la opinión pública.
El caso de Eduardo Macaya sigue siendo un tema de gran relevancia y sensibilidad. La revocación de su prisión preventiva ha generado un intenso debate sobre la justicia y la protección de las víctimas de abuso sexual. Sin embargo, las autoridades y la comunidad deben trabajar juntos para asegurar que se haga justicia y que se protejan los derechos de las víctimas.
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